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El 8 de septiembre de 2016, conducido por el ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, llegó a la residencia del juez federal Carlos Soto Dávila para pedir por la libertad de Alegre.

El titular del juzgado federal Nº 1 de Corrientes y el narco –que era buscado desde 2015 por ser considerado como el líder de una de las tres organizaciones que proveía droga a Los Monos– ya habían entablado todo tipo de negociaciones a través de emisarios, entre ellos, el ex jefe comunal para lograr resoluciones favorables a cambio de dádivas que oscilaban, en general, entre los 30 y 40 mil pesos. Ese día, Morenita no descendió del vehículo. Habría sido Faraone quien, reunido en la casa del juez, intentó llegar a un acuerdo.

Las escuchas telefónicas que figuran en el expediente son las pruebas –en el que participan los fiscales Carlos Stornelli, Flavio Ferrini, Carlos Schaefer y el equipo de la Procunar, dirigida por Diego Iglesias–, el posicionamiento del celular del narcotraficante y el desenlace de la situación procesal de Alegre corroboran –para los pesquisas– la versión del arrepentido.

El Juez Federal Soto Dávila (FOTO CAMISA AMARILLA), en la gráfica “celosamente custodiado” por sus dos secretarios hoy presos. De traje gris, mirada fija, de manos cruzadas sosteniendo un diario y un paraguas Pablo Molina (FOTO). Un paso atrás de traje oscuro, prominente barba y lentes Federico Grau (FOTO). Los dos Secretarios de Soto Dávila ya están presos. Falta el Juez.

“Faraone es una persona que tiene llegada a Soto Dávila; él me aseguró que iba a “arreglar” para que Lourdes quedara libre porque él ya lo había hecho varias veces. Eso se sabía, todo el mundo sabía de la relación de Faraone con Soto Dávila”, relató el arrepentido y remarcó: “Para que Soto Dávila le dé la libertad a alguien había que pagar”.

Luego, detalló cómo fue la conversación entre el ex intendente y el juez: “Faraone lo llamó y le dijo ‘saqué un dorado y quiero convidarte’. Esa era la manera que ellos tenían para saber que estaban hablando de un “arreglo”, de un negocio con una causa, esta vez para que Lourdes salga”.

La llamada existió y figura en el expediente: duró 138 segundos. Una hora y media después, Marín le envió un mensaje a uno de sus abogados que también actuaba como lobbista en el despacho judicial.

“Me fui y no bajé. Hay un Gol blanco y una Duster negra. Me vine, disculpe, fui con un político amigo mio”. El celular usado por el narco impactó en inmediaciones del domicilio del magistrado.

En su declaración, el arrepentido indicó que los responsables del juzgado correntino le exigían a Morenita 280 mil pesos por la libertad de Alegre. Pero el prófugo tuvo dificultades para juntar el dinero por lo que la detención se extendió por más de dos años: desde el 28 de julio de 2016 hasta el 7 de noviembre de 2018, sin que su situación procesal sea resuelta por Soto Dávila.

En octubre, armado con una pistola 9 milímetros, Morenita pretendió hacer frente a la veintena de gendarmes que tenían la orden de detenerlo. Tras horas de negociación, el prófugo desistió tras pactar su entrega con Carlos Soto Dávila.

El juez no pudo frenar la orden de captura emitida desde Buenos Aires, tampoco pudo hacer nada con el arresto de Faraone, capturado en su casa de la ciudad de Corrientes días después. Poco a poco, el círculo se cerraba a su alrededor.

Soto Dávila deberá presentarse para ser indagado en Comodoro Py. No quedará detenido, sus fueros lo impiden. En cambio, podrá volver a trabajar a su despacho mientras el Consejo de la Magistratura define su futuro.

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