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Carlos Vicente Soto Dávila y Pablo Molina ex Juez Federal y ex Secretario Penal respectivamente, están citados para este 10 de julio. Están imputado de los de­litos de “violación de secre­tos y la privacidad, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario pú­blico y falsificación ideoló­gica de documento público”.

La abogada de Soto Dávila “ya admitió el hecho”, pero culpó al “abuso de confianza de Pablo Molina”.

Pablo Molina siendo secretario de Soto Dávila sospechaba que su mujer lo engañaba y desde su liugar pidió al Juez que “autorice escuchar los teléfonos” ilegalmente de su esposa. El Juez accedió, sin haber causa judicial en proceso respecto de esa situación privada y particular. Utilizó los mecanismos públicos para uso personal. Una dupla delictiva impune y sumamente peligrosa.

El actual juez federal Juan Carlos Vallejos citó a indagatoria como imputados, en el con­texto de la causa 1.952/2019 en la que se los investiga por haber “reali­zado intervenciones telefó­nicas ilegales y por falsificar documentos oficiales”.

La abogada Mariana Bar­bitta, representante de Soto Dávila, adelantó que en las próximas horas solicitará que se difiera la citación debido a que la defensa es­taría impedida de asistir al ex juez. “Se solicitaría una prórroga, porque existen impedimentos de índole la­boral que dificultaría que la defensa asista a la audien­cia”, explicó.

Respecto de las acusacio­nes a su cliente indicó que “fue víctima de un abuso del principio de confianza por parte de su secretario”, y con esto apuntó directamente contra Pablo Molina, quien ejercía como secretario pe­nal en esa judicatura. 

La acusación contra Soto Dávila y Molina fue realiza­da por el Ministerio Público Fiscal Federal y la Procu­ración Contra la Narcocri­minalidad (Procunar), que surge de una investigación desprendida de la causa del Operativo Sapucay en la que se investigó a tres bandas de narcotráfico que operaban desde Itatí y que traficaban marihuana al menos a siete provincias argentinas.

En ese marco se descu­brieron manio­bras en el juzgado a cargo de Soto Dávila para el cobro de coimas a detenidos por cau­sas narco a fin de liberarlos o mejorar su situación pro­cesal.

En el contexto de esa in­vestigación se incautaron además casi 5.000 discos compactos con audios de conversaciones telefónicas solicitadas por esa magistra­tura, firmadas por el secreta­rio Molina y con la anuencia del entonces juez titular, Soto Dávila.

Según la acusa­ción del Ministerio Público Fiscal, en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes se ordenaban intervenciones directas a líneas telefónicas de perso­nas que carecían de relación con causas judiciales y que tenían el interés personal de los funcionarios judiciales.

Esas órdenes se incorpo­raban a expedientes de cau­sas judiciales activas en las que se investigaban activi­dades de narcotráfico. De esta manera se habrían obtenido grabaciones de las conversaciones de manera ilegal.

Una de las afectadas por estas acciones habría sido una mujer que mantenía una relación sentimental con Molina y debido a que éste suponía que era engañado utilizó esta maniobra para “espiarla”.

Ante esta situación se ini­ció una causa judicial en la que están imputados Molina y Soto Dávila, ya que rubri­caron esos escritos. Por otra parte, Pablo Moli­na también está investigado por la posible entrega irre­gular de vehículos de alta gama secuestrados por la Justicia.

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