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Se trata de Fernado Carbajal ex Fiscal de Estado de la provincia de Corrientes y actual Juez Federal en la provincia de Formosa. Ahora se presenta como la “espada salvadora” contra el feudo de Gildo Insfran, aunque lleva consigo un prontuario poco conocido en su provincia.

Carbajal tras su paso como Fiscal del Estado en la provincia de Corrientes, dejó una estela llena de dudas y su acción torpe caminó al filo de lo corrupto.

Empuño un rol protagónico de persecución, canalladas y complicidades durante el gobierno de Arturo Colombi cuando éste pretendió ir por su reelección en la provincia.    

Formó parte de la sucia campaña de intentar endilgar un suicidio inducido de un colaboracionista de su régimen, a un opositor político de ese entonces. Todo para que su jefe político intente retener el mando en la provincia. Claro está que no lo logro y desde debió volver a su origen en Formosa, como Juez Federal.  

Su último caso en Corrientes hoy sale a luz cuando ejerciendo como Fiscal de estado, abogado de la provincia, pretende todavía hoy quedarse con una vieja casona del casco histórico de la capital correntina sobre la calle Buenos Aires al 684.

Desde que falleció la antigua poseedora de la vivienda Olga Péndola Gallino y se quedó sin herederos, Carbajal aprovecho su posición como Fiscal de la provincia y en vez de inscribir el bien a nombre del estado, como era su obligación, se hizo el distraído unos años.

Ahora Carbajal en sociedad con la vieja conocida dirigente Radical de Corrientes Marta Susana Marcoré iniciaron los trámites de prescripción adquisitiva del inmueble. Una acción delictiva que el Juzgado Civil y Comercial número 6 y la secretaría número 12 le dieron forma.

En la actualidad el inmueble ubicado dentro del patrimonio arquitectónico y casco histórico sobre la calle Buenos Aires al 684, está alquilado al diario Norte propiedad del otro ladrón raúl rolando romero feris allias tato. 

Y como negocios son negocios no hay nada personal, se sabe que en otros tiempos el mismo Carbajal fue quien condenó a Raúl Rolando Romero feris alias “tato”, quien venía siendo enjuiciado por corrupto.

Hoy tanto Marcoré como Carbajal recibirían un importante honerosa suma en concepto del alquiler del inmueble al diario Norte, que ya lleva casi 7 años ocupando la casona de la calle Buenos Aires.

La casa es un espléndido edificio de dos plantas que fue habitado por la señorita “Olú” Péndola Gallino, una muy conocida profesora de música, retirada de la actividad social desde hacía varios años, respecto de la cual se sabe que vivía en la casa como heredera de un antiguo propietario y que falleció sin tener descendencia.

Lo llamativo del caso es que uno de los cesionarios de supuestos derechos sobre la casona de marras sería el ex fiscal de Estado Fernando Carbajal junto a su socia Marta Marcoré.

Sorprende la novedad toda vez que una de las funciones del Fiscal de Estado es ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Provinciaante los tribunales de justicia, siendo parte legítima en todos los procesos donde se controvierten intereses o bienes del Estado Provincial.

Vale decir que el Fiscal de Estado es el apoderado natural de los intereses del Estado y como tal es parte legítima en un juicio sucesorio a partir de una eventual reputación de vacancia y, en ese caso, tendría facultades amplias en el manejo de juicios, por ejemplo, para ejercer la acción u omisión de medidas destinadas a que las herencias vacantes pasen a engrosar el patrimonio del Estado, cuando hubiese correspondido. Desde luego que estas circunstancias llamativas son puras casualidades.

“Herencias vacantes” son aquellas en las que no hay herederos o por las cuales nadie reclama en los plazos y condiciones que establece la ley.

En estos casos, cuando no hay acreedores a la herencia de un difunto, el Código Civil argentino establece que dichos bienes pertenecen al Fisco, provincial o nacional según corresponda (Art. 3.588) y que el juez debe entregarlos al Estado bajo inventario y tasación judicial (Art. 3.589).

También establece el procedimiento previo para que el juez declare vacante la herencia y traspase los bienes al patrimonio del Estado (Art. 3.544).

En varios distritos se agilizaron los procesos burocráticos para trámites de denuncia y resolución judicial de las herencias vacantes, con resultados alentadores en el incremento de ingresos fiscales. Sin embargo, en Corrientes las herencias sin acreedores son invisibles.

Al menos no se sabe que haya subastas públicas de bienes de esa procedencia lo cual permite suponer que todos los difuntos tienen herederos o que a los bienes vacantes se los queda el Estado o que las herencias vacantes no pasan a formar parte del patrimonio del Estado sino que “desaparecen” merced a argucias o maniobras seudo legales; lo que no sería sino una manera defraudadora de adquirir gratis en desmedro del patrimonio del Estado y, en dicha suposición puede postularse que tal manera de adquirir no podría funcionar sin la complicidad de gobernantes y sin la vista gorda de jueces; porque en las oficinas gubernamentales de Rentas; Catastro (provincial y municipales); Fiscalía de Estado; Instituto del Agua; Vialidad; etc.

Existe abundante información patrimonial y, en el andarivel judicial, porque nada impide que el juez de un sucesorio pueda requerir la intervención que corresponda de la Fiscalía de Estado o de la Procuración del Tesoro, cuando considere que existe la posibilidad de herencias presuntivamente vacantes.

Respecto de la casona de calle Buenos Aires, su última moradora Olú Péndola, a causa de la vejez padeció una notoria declinación de sus facultades físicas y tal vez mentales, rayana en la incapacidad.

Otra vía de apoderamiento de terrenos y campos, en desmedro del erario y de otros ciudadanos de a pié, es la prescripción adquisitiva fundada en la supuesta posesión por veinte años (Código Civil, Art. 4015), para lo cual también las oficinas gubernamentales son fuente inagotable de información para las mafias que se apropian de casas y campos.

Ahora el actual Juez Federal de la provincia de Formosa Fernando Carbajal y la dirigente radical Marta Marcoré deberán explicar de qué se valieron para intentar quedarse con un bien que hace tiempo debía estar en manos del estado público de la provincia de Corrientes.

Comentarios   

0 #1 Victor 02-09-2021 23:01
Ese no es quien se quedó con una propiedad en el centro de corrientes de manera rara para no decir otra cosa.
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