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El procedimiento por casos de flagrancia fue aprobado por la Corte provincial mediante el Acuerdo 31/17, y se encuentra vigente desde el 1º de mayo de 2018. Se trata de un proceso sencillo y rápido en el que las cuestiones son resueltas por un juez en audiencia pública en forma oral, inmediata y con fundamento, en un plazo no mayor a las 72 horas.

Y es ahí donde empieza el grave problema. Liberan a un delincuente, legalmente, pero no hay capacidad para controlar las imposiciones o tareas comunitarias que le endilgan al imputado, a cambio de que éste “encuentre una posibilidad de reintroducirse a la sociedad”, sin reincidir en el delito.

Desde el 1º de mayo pasado al 13 de febrero de 2019 fueron 74 los casos en los que se aplicó el procedimiento de flagrancia, de los cuales, 49 corresponden a la 1º Circunscripción.

Los delitos detectados en su mayoría son robo simple en grado de tentativa (19 casos) y hurto simple en grado de tentativa (14 casos).

El 43% (33 causas) obtuvo de los magistrados la decisión de la suspensión del juicio a prueba. Es decir los delincuentes juraron y perjuraron llevar adelante tareas comunitarias, a cambio de no quedar presos o ir a juicio. El tema es que NO HAY capacidad para controlar que los delincuentes CUMPLAN.

 Las mismas estadísticas también afirman que que el 17% restante (13 causas) fue procesado y elevado a juicio y un 12% (9 causas) se rechazó el procedimiento de flagrancia.

El instituto está probado ser muy efectivo, pero en sociedades donde la formación educativa tiene un alto porcentaje de impacto positivo. No en poblaciones afectadas por el “sindrome del NiNi”. Ni trabajan, ni estudian.

Es indudable que hay varios eslabones de una larga cadena que están fallando socialmente. Y así “la probation” no es un buen mecanismo para “resolver” legalmente un flagelo que salteó varios escalones y no conoce de valores ni de estructuras sociales.

En el medio un estado ausente para “controlar“ que los institutos creados sean efectivos para la ciudadania, aunque fueran positivisimos para el organismo judicial que en minutos se desentendió del drama.

El motochorro volvió a la calle en 5 minutos y la señora esperando el colectivo otra vez fue atacada, gracias a la “probation” expeditiva de la Justicia Correccional.

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