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Son fondos que la Dirección de Catastro de la Provincia de Corrientes debía remitir al Colegio de Agrimensores de Corrientes. La rendición de este dinero, al Colegio de Agrimensores, no lo realiza hace más de 6 años. El destino de estos recursos, no se conoce.

La Dirección de Catastro y Cartografía, actualmente en manos del agrimensor Narciso Santín Toffoletti (fotografía). La Contaduría General de la Provincia inició un proceso de auditoría a la Dirección de Catastro y Cartografía. Habría números que no cierran, en el organismo de la calle 9 de julio al 1500. Existe una denuncia penal por falta de rendición de cuentas en el Colegio de Agrimensores.

Ahora la auditora Manuela Alejandra Oroñisky, le remitió a Toffoletti el último 28 de agosto, una nota referente al expediente 122-00197-2019, en el que se solicita una auditoría financiera y de Gestión.

Se le pide Detalle mensual de lo recaudado por Convenio Ley 5217, periodo enero 2018 a julio 2019. Asimismo Detalle mensual de los gastos incurridos por la Dirección de Catastro y Cartografía de la Provincia, pagados con los fondos recaudados por el Convenio Ley 5217 para igual periodo.

La Ley 5217, celebra un convenio entre la Provincia y el Colegio de Agrimensores de Corrientes para reestructurar y mejorar los métodos operativos de Catastro.

En acuerdo se dispuso que el Colegio de Agrimensores presta su colaboración sin cargo alguno al Estado, quedando autorizado a percibir de los profesionales y usuarios de organismo, las contribuciones especiales que el Convenio determine y que resulten necesarias para cubrir los gastos que demanden los servicios que se presten, “sin perjuicio de las tasas fiscales que correspondan de conformidad a la Ley Tarifaria vigente”.

Ese dinero que habilita la norma, jamás se rindió. La irregularidad fue denunciada en su momento por el síndico del gremio de los agrimensores, que ahora derivó en una auditoría de la Contaduría General de Herrero, seguramente exigida por la justicia.

Los recursos “extraviados” corresponden al 20% de lo recaudado por los llamados trámites Urgentes. Los otros 80% son distribuidos entre los empleados del organismo.

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