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El empleo no registrado es el sello distintivo de la gestión de Valenzuela. Es la impronta “peroncha” que habla en nombre del “pobre” para vivir y aprovecharse de él. El peronchismo de Corrientes no escapa al “modelo nacional y popular” en donde “la patria es el otro”, pero de la boca hacia afuera.

Durante 70 años fueron una máquina perfecta para generar desigualdades, porque encontraron allí su fundamento existencial. En San Luís del Palmar, donde todavía hoy se recuesta la última porción del peron-promiscuísmo, el “crotaje” sostiene a la casta que se frota las manos pensando en un renacimiento.

El método de sostener la pobreza ya dejó sus señales también en otro municipios que otrora fuera comandado por el peronchaje barato. Curuzú Cuatiá, viejo bastión de los Rubín que llevaron los destinos del pueblo durante más de 30 años, no había empleados municipales bancarizados y una buena mayoría recibía el pago de sus jornales en una suerte de tesorería municipal.

En el Municipio de Perugorría, durante el tiempo que gobernó la detenida exintendente Angelina Lesieux también tenía muy pocos empleados registrados y un ejército de personal político al que se pagaba muy por debajo de lo que pretenden los índices para no estar bajo la línea de la pobreza.

El trabajo en negro es una marca registrada en la localidad de San Luis del Palmar, donde desde hace 5 años gobierna el justicialismo kirchnerista. De los 500 empleados que se presentarían a trabajar todos los días, solo 54 están registrados correctamente por el Estado municipal, mientras 446 están de manera totalmente irregular.

La gestión del representante del Partido Justicialista (PJ), el intendente Richard Valenzuela, no hace honor a los dogmas y principios que profesa su escuadra política a la que pertenece, en la que ponían a Juan Domingo Perón como “el primer trabajador” y en que se bregaba constantemente por los derechos del trabajador en pos abandonar las condiciones precarizadas de trabajo y acceder a una posición digna.

El escándalo en el que la justicia provincial imputó a tres funcionarios de la gestión Valenzuela y a una de sus espadas en el Concejo Deliberante, por peculado de servicios, malversación de fondos públicos y fraude a la administración, ahora se le suma el hecho de que el 90% del personal de la Municipalidad de San Luis del Palmar presta servicios de manera totalmente irregular.

Las actuaciones al respecto se llevan adelante en el Juzgado de Instrucción 4, donde fueron imputados la concejal Noelia Herrera; el secretario de Hacienda, Fernando Flores; el secretario de Obras Públicas municipales, Tránsito Salvador Cena, y uno de los asesores del intendente, Justo Barrios.

Mientras tanto el oficialismo kk en el Concejo Deliberante de San Luís del Palmar buscaría aprobar un balance, en el cual pretendía ocultar los fondos que se gastaron en la obra en la casa de la edil, la cual llevó a que la Justicia realice allanamientos en el Municipio y en la vivienda de la representante de los vecinos sanluiseños.

En este expediente se explicita el dato de la irregularidad laboral, que, a pesar de todo, fue aprobado anoche en la sesión ordinaria del cuerpo deliberante. Es un balance enviado por la Secretaría de Hacienda, el cual desde la oposición fue tachado de “dibujado”, donde ocultaron los fondos públicos utilizados para trabajos de refacción en la casa particular de la edil adicta a la gestión de gobierno municipal, Noelia Herrera.

Lo que no tuvieron en cuenta es que en ese mismo balance quedó en evidencia la cantidad de personal al que se le pagarían de forma irregular los supuestos trabajos que realizan a diario.

“Es lamentable que esto esté sucediendo en San Luis del Palmar, una ciudad en la que se necesitan obras de infraestructura para avanzar. Nos aplican la mayoría automática y aprueban cualquier cosa, de manera irresponsable”, dijo la edil radical Roxana Encinas.

En Curuzú Cuatiá y en Perugorría perdieron los peronchos y por eso los intendentes José Irigoyen y Juan Ramón Castellano respectivamente decidieron incluir en los primero temas a resolver en la gestión.

En San Luís del Palmar, el laburante municipal mientras tanto tendrá que seguir esperando, al menos cuatro años más, hasta tanto se reanude el ciclo y llegue otro intendente serio, eficiente y responsable que se ocupe de los derechos del trabajador.

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