Quince diputados nacionales del PRO, la UCR, el Frente de la Concordia Misionero y el Partido por la Justicia Social, proponen incorporar a la Ley de Ética Pública - N° 25188- un nuevo inciso para prohibir la exhibición de nombres propios de funcionarios públicos que posean cargos electivos, agrupaciones o partidos políticos en vehículos oficiales, maquinarias, carteles de obra y edificios públicos.
El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de agosto pasado con el número de expediente y la firma de los diputados Berisso, Polledo, Pretto, Ocaña, Aicega, Torello, Wechsler, Ansaloni, Piccolomini, Schlereth, Scaglia, Brambilla, (PRO) Mendoza, (UCR), Morales, (Frente de la Concordia Misionero) y Avila, (Partido por la Justicia Social).
En su artículo, la iniciativa ordena incorporar inciso j) del Artículo 2° de la Ley 25.188 de Ética Pública, lo siguiente: "j) No exhibir ni utilizar nombres, apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios públicos que posean cargos electivos, agrupaciones o partidos políticos en vehículos oficiales, maquinarias, carteles de obra y edificios públicos, en cualquiera de los niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal, y que representen cualquier forma de publicidad política”.
En el segmento argumental del proyecto, los diputados explican que su iniciativa se debe a que "desde hace años" perciben "innumerables ejemplos en los cuales los recursos pertenecientes a la administración pública son utilizados sin reservas para fines partidarios, políticos y personales de parte de funcionarios públicos que detentan el poder".
"Así, la comunicación política e institucional de los actos de gobierno y la publicidad personal de los funcionarios son acciones que pueden quedar confundidas en sus contenidos al incluir sus nombres en las denominaciones institucionales de vehículos oficiales, maquinarias, carteles de obra pública y edificios públicos o en mensaje de acciones de gobierno", sostienen.
Los diputados aseguran que con este proyecto de ley "los bienes que son propiedad del Estado y que pertenecen a todos los habitantes de una comunidad", no serán "susceptibles de ser utilizados con fines políticos, propagandísticos y/o de campaña".
Y señalan que es necesaria "una ley que regule la abstención del uso de los nombres de los funcionarios ya que implican un evidente objetivo de promoción personal" una norma para limitar "abusos que se producen en el ámbito de los distintos niveles de gobierno, sea nacional, provincial o municipal".
"De este modo, se impone a los funcionarios públicos una serie de deberes y pautas de comportamiento que hacen a la ética que deben mantener en el ejercicio de la función pública y que de manera obligatoria deberán cumplir", explican sobre su iniciativa.
