Es lo que se desprende del fallo poco serio y arbitrario de la Juez Civil y Comercial número 9 Marina Alejandra Antunez. Quien sin buscar antecedentes tuvo una salida fácil y rápida en favor del estafador Carlos Irigoyen.

A las claras el fallo no busca Justicia ni mucho menos conocer la verdad. Se limitó a despacharse en favor del capricho malicioso del implicado Carlos Irigoyen, que sin dudas intenta “fumigar a SUPERMAX” para desaparecerlo entre su inmediata competencia. No le importa el destino de los empleados cuya fuente laboral peligra si marcha la “maniobra delirante” de Irigoyen y la ayuda Judicial.

La maniobra de “vaciamiento fraudulento” surge desde los balances del año 2015 al 2016 que sin apertura de sucursales, sin inversiones y pese al aumento de precios en el orden del 35%, el stock en vez de mantenerse descendió y la deuda creció escandalosamente. Calculando un dólar a 17 pesos cada uno, el balance detectó un faltante de tan solo 3,2 millones de pesos en ese periodo.

Ya en el año 2017 los documentos que nunca explicó ni tiene intenciones de explicar Irigoyen, avalado por la Justicia Civil, detectaron un faltante de 67,3 millones de pesos en stock y con una deuda que trepó a 24 millones en la misma modalidad que en los periodos anteriores donde no hubo apertura de locales ni inversión.

El cálculo estimado, a un dólar de 18 pesos, el daño asciende a poco más de 5 millones de pesos.

Desde el año 2015, al día que finalmente fue removido y la nueva administración pudo ingresar al SUPERMAX en junio de este año, el clan Irigoyen se llevó más de 12 MILLONES de dólares.

Si bien la medida “autosatisfactiva” que ordena la Juez Antunez para “disolver todo”, incluso las pruebas que incriminan a Irigoyen y lo llevarían directo a la cárcel, no es descabellado interpretar que la Juez se apresuró, salteó el proceso, no pidió informes financieros y hoy a punto está de golpear severamente el derecho al trabajo de  muchas familias.

La Juez Antunez lejos está de saber sin embargo que Irigoyen, desde el pasado 18 de junio fecha en que logró ingresar el Socio Gerente Alberto Castro, estaba obligado a asistir a la empresa pero nunca más lo hizo.

La magistrada Civil, que hoy sale en favor de Irigoyen, no supo nunca que tras quedar desafectado de la empresa, SUPERMAX adeudaba 4 meses de cargas sociales a sus empleados y de abril a mayo ascendía a $21.543. 611. Es decir que retenía y descontaba el servicio a sus empleados pero no aportaba al fisco. A Irigoyen nunca le importó el empleado, el laburante. 

Aunque extraoficialmente, se sabe que SUPERMAX debía a la empresa Coca Cola un total de 9 millones 117 mil pesos y que estaba interrumpida la cadena de provisión. Había además una deuda a los molinos por un total de 6 millones y a la multinacional UNLIVER se le adeudaba unos 5 millones de pesos.

La “jugada del clan Irigoyen” es hoy “eliminar SUPERMAX” y con eso expandir la “nueva cadena” que aparece a nombre de Ignacio Irigoyen y cuya única sucursal que fue fundada con plata de SUPERMAX está en proceso de desarrollo.

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