Justo Estoup, su esposa Natalia de los Santos y los padres del concejal kk están imputados. Todos tienen cita para declaración indagatoria. Están acusados de intervenir en la adjudicación directa de un edificio que, apenas dos meses antes, había sido adquirido por el padre del edil y luego fue rentado por el organismo nacional mediante gestiones de su pareja que ostentaba el cargo de Presidente del organismo nacional.
Sin el ex Juez de los narcos Carlos Soto Dávila en el Juzgado Federal que obstruía investigaciones contra políticos, la Justicia Nacional empieza a desempolvar causas judiciales que estaban trancadas.
Ahora la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, solicitó las indagatorias del concejal Justo Estoup y familiares en el marco de una causa donde se investigan presuntas irregularidades en el alquiler de un inmueble destinado al funcionamiento de una Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La intimación llegará a la pareja de Estoup, Natalia de los Santos, extitular de la Anses Corrientes, el padre del concejal y la esposa de este. Entre las medidas adoptadas figura la inhibición de bienes por tres meses a los cuatro.
Al pedir la indagatoria de los imputados, Ferrini encuadró los hechos descriptos bajo la figura de los delitos de administración infiel, cometido en perjuicio de una administración pública (art. 173, inc. 7, en función del art. 174, inc. 5).
De acuerdo con la investigación, en abril de 2011, De los Santos, por entonces jefa de la UDAI Corrientes, solicitó una nueva locación bajo la modalidad de contratación directa, por lo cual requirió de $ 1.152.000 para un total de 36 meses de alquiler, en cuotas mensuales de $ 32.000.
En ese momento, pocos medios de prensa hicieron referencia a la contratación del inmueble y ahora la Justicia Federal avanza en la investigación para dar cuenta de si existió algún delito.
Natalia De los Santos, la pareja del concejal capitalino había justificado que la modalidad se fundamentaba en la “emergencia edilicia” en que se encontraba el organismo, ante el avance de un juicio por desalojo iniciado por el propietario del edificio donde funcionaba la sede de la Anses en la capital.
Dos meses después, los suegros de la funcionaria adquirieron un inmueble ubicado en la avenida Armenia 3850, de la ciudad de Corrientes, por el cual abonaron $ 585.943, según se desprende de la escritura.
El 18 de agosto de 2011, un día antes de que comenzara la apertura de ofertas, el matrimonio ofreció la propiedad por un valor de alquiler mensual de $ 98.600, $ 2.366.400 en total, es decir, por un valor casi cuatro veces más del monto por el cual adquirieron el inmueble.
Esa maniobra pasó desapercebida para la comisión evaluadora de la Anses, que propició que se acepte la propuesta elevada por los suegros de la funcionara porque fue “la única propuesta” recibida.
Luego de contar con el apoyo del organismo nacional, el contrato se firmó en diciembre de 2012 por un valor de $1.752.000 con la intervención, por un lado, de Natalia Soledad de los Santos en representación de la Anses y, por la otra parte, sus suegros.
Es decir, que existe la posibilidad de que se haya cometido un delito con recursos del Estado y por eso indagarán a Estoup, De los Santos y los padres del concejal.
La Justicia busca determinar si hubo aprovechamiento de las relaciones políticas porque el hecho sucedió mientras Estoup era concejal –durante la gestión de Carlos Espínola– y su pareja funcionaria de la Anses, todo en un contexto en el que el país era gobernado por el Frente para la Victoria, estructura a la que pertenecía la pareja.
El fiscal sostuvo en su presentación que existen pruebas suficientes para afirmar que los cuatro acusados “de manera directa llevaron a cabo un complejo plan orientado a lograr la locación del inmueble ubicado en la avenida Armenia 3850 para la Anses, bajo la simulación engañosa de una contratación directa”.
El representante del Ministerio Público Fiscal requirió además la inhibición general de bienes por 90 días y que se comunique la existencia y estado procesal de la causa a los jefes de la Anses y de la Oficina Anticorrupción, Emilio Basavilbaso y Laura Alonso, respectivamente.
