La Prefectura Naval Argentina allanó el despacho principal del Juzgado Federal 1 de Corrientes en la búsqueda de documentación o evidencia para la investigación que intenta determinar si el ex juez federal Carlos Soto Dávila y sus dos ex secretarios, Pablo Molina y Federico Grau, hoy también presos, ordenaron, o no, escuchas ilegales a por lo menos dos personas para provecho personal.
La seria imputación recae sobre Pablo Molinba, uno de los secretarios del ex Juez que también está preso. Molina con la anuencia del entonces Juez Soto Dávila “había ordenado escuchar a su ex esposa y a su pareja”.
La orden de allanamiento fue dada por el juez federal número 2 de Corrientes Juan Carlos Vallejos, a pedido de los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, y del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
De acuerdo a fuentes judiciales se logró secuestrar dos expedientes que se daban por perdidos en el marco de una causa por contrabando de drogas. En esos expedientes figuran escuchas telefónicas a personas que no tenían vínculo con los delitos investigados. Serían dos las personas que eran seguidas en la maniobra clandestina.
"El objeto procesal sobre el cual deberá versar esta causa estará dirigido a determinar si Soto DaÌvila, Pablo Molina y Federico Grau (FOTO), en sus roles de juez y secretarios penales, respectivamente, han efectuado maniobras de espionaje ilegal, mediante la realización de escuchas telefónicas ordenadas desde el Juzgado Federal 1 de Corrientes, incumpliendo los deberes que por su especial función les estaban impuestos", dice el requerimiento fiscal.
Schaefer, Ferrini e Iglesias, buscan determinar "si durante el año 2014 (los investigados) han utilizado su actuación al frente de dicha magistratura en provecho personal, al haber ordenado la interceptación telefónica" de quienes no estaban vinculados en el caso de narcotráfico seguido en un principio.
Las primeras evidencias de esta maniobra surgieron al detectar hace pocos días dos discos compactos y oficios con las escuchas y las órdenes para realizarlas.
Mientras que el ex juez Soto Dávila cumple prisión preventiva en su domicilio de Corrientes tras ser procesado por el juez federal Sergio Torres por el supuesto cobro de coimas a narcotraficantes detenidos en el marco del "Operativo Sapucay", sus ex secretarios Pablo Molina (FOTO) y Federico Grau permanecen alojados en un instituto penitenciario en el marco de una causas por asociación ilícita en la que también participaban cinco abogados del foro local.
