Era tal la impunidad del entonces Juez Federal Soto Dávila, que sin chistar autorizaba “pinchar” teléfonos a pedido de su secretario Pablo Molina. Así se desprende de la causa judicial que investiga presuntas escuchas telefónicas ilegales para espiar a la esposa de Molina y a una expareja de la mujer.
Hábilmente, Molina vinculaba a su mujer y a la ex pareja de su mujer en “supuestas investigaciones de causas judiciales narcos”, para luego poder “ingresar hasta el departamento privado del ex pretendiente de su esposa”.
Dos fiscales federales de Corrientes, Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, y la Procunar, Diego Iglesia, pidieron el procesamiento del ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila y del ex secretario Penal Nº 2 Pablo Molina. Ahora el juez federal Juan Carlos Vallejos deberá resolver la solicitud.
Se sabe que Pablo Molina sospechaba de una infidelidad de su esposa y aprovechó su condición de Secretario Penal del entonces Juez Federal Soto Dávila y le pidió que autorice “escuchar los teléfonos para descubrir el engaño”.
En el expediente consta las autorizaciones por escrito firmada de puño y letra por Soto Dávia. El ex Juez que al prestar declaración indagatoria en la causa “culpó directamente a Molina por exceso y abuso de confianza”.
La causa, que surgió en marzo pasado, comprende el hallazgo de discos con grabaciones de escuchas telefónicas solicitadas por Molina al exmagistrado federal pero en el marco de una causa por supuesto narcotráfico, en el que sin fundamentos incluyó a su esposa y el exnovio de ella.
De un total de 28 discos, 14 corresponden a escuchas hechas al exnovio de la pareja de Molina.
Las intervenciones telefónicas fueron solicitadas a partir del 11 de septiembre de 2014, y realizadas por la Gendarmería Nacional, con el pedido explícito de Molina de no ser analizadas, ya que se transcribirían en el juzgado federal, adonde llegaron esas piezas en marzo de 2016.
Permanecieron hasta principios de 2019 en un cajón del escritorio que utilizaba Molina en la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal de Corrientes, donde fue suspendido por su procesamiento en una causa de supuesto cohecho a partir de presuntas coimas cobradas a narcotraficantes del Operativo Sapucay para aliviar su situación judicial.
El descubrimiento de los CD con diálogos entre Molina, su esposa y ella con su ex pareja, se produjo entre los elementos reunidos en un expediente diligenciado por Soto Dávila, el Nº 2075/13, a partir de la cual se investigaba a una banda narcocriminal que operaba en Buenos Aires y Mendoza.
En su solicitud al juez Vallejos, los fiscales determinaron que “en la época en que se llevaban a cabo las intervenciones aquí analizadas, existía una causa abierta contra Molina, iniciada a partir de una denuncia formulada por la propia mujer como consecuencia de esta situación de maltrato”.
En su declaración como testigo, el hombre que fue víctima del seguimiento ilegal declaró: “Me daba cuenta de que entraban a mi departamento. Una vez encontré una tijera verde que nunca en mi vida compré. No tengo ninguna duda de que había personas que ingresaban a mi domicilio y sospeché que me escuchaban el teléfono y que me seguían”.
Así consta en el requerimiento de los fiscales, en el que pidieron que los exfuncionarios sean procesados por abuso de autoridad y falsificación de instrumentos públicos, en los términos de los artículos 248º, 293º y 298º del Código Penal.
