En las últimas horas, usuarios de las redes sociales recordaron el oscuro paso que tuvo el diputado del Partido Justicialista (PJ) Jorge Antonio Romero cuando se desempeñó como consejero en Yaciretá, paso que terminó con un escandaloso intento por autopagarse $ 4.000.000 a modo de indemnización.
Las críticas de los usuarios se dieron a partir de unos tuits donde cuestionaba la gestión de Mauricio Macri por no haber favorecido a las provincias del Interior. A partir de sus mensajes, los usuarios le recordaron que fue el ex presidente quien firmó un decreto para devolver a las provincias el 15% que se retuvo por coparticipación.
Además, los correntinos le reprocharon que, durante su paso por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no realizó ningún tipo de gestión en favor de la provincia que representaba. Ya en 2018, la diputada Estela Regidor había ironizado sobre los insípidos diez años de presencia de Romero en la EBY como consejero: “Cuando estuvo en el directorio de Yacyretá nunca dijo nada”.
Sin embargo, las críticas más duras le llegaron desde aquellos usuarios que recordaron su escandalosa salida de la Entidad Binacional Yacyretá, rodeada de denuncias por un intento de irregular de cobrar una millonaria indemnización cuando el cargo que ocupaba era político.
La asesoría jurídica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) descubrió en 2016 que Jorge Antonio Romero y tres consejeros más del gobierno kirchnerista, bajo la administración de Óscar Thomas, aplicaron indebidamente una resolución por la cual cobraron en diciembre del 2015 una indemnización de US$ 1,5 millones.
El escándalo fue descubierto por el diario matutino ABC Color, de Paraguay, y escaló hasta llegar a los principales titulares de los diarios argentinos.
Jorge Antonio Romero, Daniel Muguerza, Mirta Susana Monti y Raúl María Noceti cobraron en diciembre del 2015, al retirarse del cargo, unos $ 4 millones cada uno, cuyo pago en el lado argentino fue aprobado por el ex director ejecutivo de la EBY, Óscar Thomas.
La resolución del Consejo de la EBY asignaba a los consejeros un resarcimiento por renuncia o finalización de mandato. La medida los equiparaba al régimen de planta permanente cuando se trata de designaciones políticas, que incluso requieren para su nombramiento de decreto presidencial, señalaron los asesores jurídicos de la EBY en el lado argentino.
fuente:zona22.com
