Tanto el palacio municipal como el domicilio de la concejal, fueron blanco de la recolección de datos y pruebas por parte de la justicia de la provincia. Se investiga el hecho de usar los servicios de la municipalidad para beneficio propio.
Mientras el gobernador Gustavo Valdés presidía ayer actos oficiales en la localidad de San Luis del Palmar, la policía de la provincia allanaba la municipalidad en el marco de una investigación judicial, que se lleva adelante en el fuero provincial por una denuncia a la concejal justicialista, Noelia Herrera.
Según los detalles dados a conocer por el fiscal de instrucción Buenaventura Duarte, los allanamientos en el palacio municipal al igual en el domicilio de la edil, se dieron por una denuncia realizada tiempo atrás por “supuesto delito de peculado de servicio”.
La denuncia fue realizada por el actual concejal Nelson García de Encuentro por Corrientes (ECO), y fue en torno a una situación en que la edil usó al personal de la comuna de San Luis para refaccionar su casa.
“La casa de la concejal había sufrido una contingencia con el techo, hace algunos meses, y ello generó que la misma use los bienes del estado para restaurarla. Se podía ver a los operarios de la municipalidad trabajando en la casa de Herrera en vez de hacerlo para la comunidad sanluiseña”, explicó la exconcejal Roxana Encinas, dirigente radical de la localidad.
“Resulta escandaloso que se de esta situación, pero no sorprende que durante una gestión de corte justicialista kirchnerista se utilicen los servicios que debe brindar el Estado a los ciudadanos, en beneficio de un particular”, aseguran los concejales de la oposición.
“La denuncia da cuenta que se usaba gente contratada de obra pública haciendo tareas en la casa de la concejal”, explicó el fiscal de la provincia Buenaventura Duarte ala ser consultado por la prensa. En las últimas horas se llevaron adelante varios procedimientos para constatar lo declarado en la denuncia.
La denuncia fue radicada el 28 de febrero, y en las ultimas horas se dio la intervención judicial que pretende aclarar una situación extremadamente irregular.
Herrera es una dirigente justicialista que viene del riñón del diputado nacional Jorge Antonio Romero, pero que tiene una afinidad con la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora. Romero es un personaje cuestionado en el momento de dejar su puesto en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ya que fue uno de los que avaló que el exdirector ejecutivo argentino, Oscar Thomas, los autoindemnice luego que el kirchnerismo perdiera el gobierno nacional en 2015.
Romero y tres consejeros firmaron en diciembre de ese año una resolución de la administración de Thomas, para “aplicar indebidamente el cobro de un indemnización de u$s1,5 millones”.
La resolución del Consejo de la EBY data de agosto de 2012 y asignaba a los consejeros un resarcimiento por renuncia o finalización de mandato, pero recién fue ejecutada en diciembre de 2015.
El intendente Richard Valenzuela también responde al diputado nacional, quien a su vez integra el mismo espacio político del exintendente de la capital Fabián Ríos.
El propio intendente fue sorprendido ante esta situación, aunque quedó en el centro de la escena, como uno de los actores principales de esta escándalo que tan solo es la punta del iceberg de una gestión que desde la oposición asegura tiene muchos puntos oscuros en la manera de administrar los fondos públicos de la localidad denominada la “cuna de gobernadores”.
El fiscal de instruccióndio detalles de los allanamientos realizados ayer en la localidad y expresó que se trata delk inició de la investigación.
“Uno fue en la Municipalidad de San Luis para corroborar que la persona investigada era personal del municipio; el otro fue una inspección ocular para identificar a las personas que trabajaban ahí y el restante fue en la Secretaría de Obras Públicas para identificar si estas personas trabajan ahí”, señaló Buenaventura Duarte en declaraciones radiales.
“Estamos reuniendo las pruebas para seguir en la investigación ya que esto comenzó el viernes pasado”, agregó. En los allanamientos se lograron secuestrar varios recibos de sueldo para constatar la identificación de las personas.
