La presidenta del Senasa, Diana Guillén, viajó hasta Corrientes a responder por el condenable procedimiento del organismo que cerró la comercialización de la avícola, pretendió sacrificar 300 mil aves de corral y destruyó la totalidad de la producción.
El daño incalculable que impulsó el SENASA además pretendía dejar en la calle a los trabajadores.
Un manejo deplorable persecutorio, y con alto grado de ensañamiento por parte del organismo nacional que nunca estuvo dispuesto a admitir que se equivocó, y que actuaron con una total falta de preparación. desconocimiento e irresponsabilidad.
En diálogo con la prensa, indicó que "levantamos la interdicción de la granja comercial Santa Ana y autorizamos el movimiento de los productos".
El conflicto se inició el pasado 6 de abril, cuando desde el Senasa comunicaron a la empresa acerca de un supuesto caso positivo de 20 gallinas de la granja que presentaban el virus. Tras lo cual, intimaron a sacrificar a más de 200.000 aves.
Los trabajadores y propietarios de la avícola no se quedaron de brazos cruzados e iniciaron una serie de manifestaciones en el predio.
El daño económico por el cierre de la comercialización y la destrucción total de los producido es incalculable y el SENASA tendrá que asumir el costo de semejante acto.
