Una imprevista auditoria sobre las cuentas del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes ordenada por la Contaduría General de la Provincia, puso nervioso a las autoridades del organismo de la calle San Juan al 500, y a otros “peces gordos y panzones” para evitar que salgan a la luz posibles malversaciones de los fondos públicos, uno de ellos, el pago a una “constructora” por refacciones que nunca se concretaron.

La pesquisa numérica fue dispuesta el último 18 de septiembre por Héctor Horacio Herrero, la máxima autoridad contable de la provincia. No es un dato menor. En el relevamiento que duró tres días, trabajaron un número importante de contadoras: María Eugenia Lértora, Adriana Marina Alfonzo, Lara Beatriz Borda, María Elena Olazarri y Alejandra Oroñizky.

Se detectaron “adjudicaciones de obras a empresas constructoras de dudoso origen” que cobraron por el trabajo, pero no lo hicieron. Además quedó al desnudo que hay “colaboradores de vínculos estrechos en el Instituto” que además fueron directos beneficiados en el lucro de las confiterías en los flamantes museos refaccionados a nuevo.

En el caso del Museo Arqueológico y Antropológico conocido como Casa Martínez ubicado por calle Quintana entre La Rioja y Salta, Danilo Pirchi es hoy quien usufructúa, sin previo llamado a licitación o concurso el buffet que allí funciona. Nada se sabe si el Instituto de Cultura recibe algún tipo de remuneración por la la explotación comercial privada del mismo. 

Ocurre lo mismo con la confitería del Museo de Ciencias Naturales Dr. Amado Bonpland anclado en la costanera correntina y cuyo usufructo lucrativo está a cargo del hermano de Porfirio Aquino. No hay registros si por ambos “negocios de amigos” el instituto recibe algún dinero o beneficio.

La labor de la auditoria se desarrolló oficina por oficina, donde se hicieron preguntas, peritando y relevando el circuito administrativo de los expedientes pendientes de registración, como facturas o documentos de compras o servicios recibidos. Análisis de recursos, gastos y fondos de todos los Programas que se manejan en la otrora subsecretaria de Cultura.

Asimismo el cruzamiento entre las salidas bancarias de los fondos y la asignación presupuestaria y/o contable de los gastos. Se advirtió “flojedad de papeles”.

Entre los papeles se detectó a un tal “José Bernachea Construcciones”, con domicilio en calle Bermejo 1893 – CUIT 20-22018618-1, que fue contratada para realizar trabajos menores en el Museo de Artesanías, que casi se derrumba varios meses atrás, tanto que tuvo que ser apuntalado, como también para reparar y refaccionar la oficina contable en el Instituto de Cultura de Corrientes. Facturó y cobró todo por uno de los trabajos, pero hasta el momento no se presentó a ejecutarlo.

Había dudas sobre los gastos que produce el órgano que conduce Gabriel Romero, un hasta el momento, intocable de la administración radical. Es inocultable que algunos miembros de la mesa chica del Instituto cultural, soñado por el desaparecido Norberto Lischinsky, vieron crecer su patrimonio personal de un día para el otro.

El último 8 de junio la Directora de Contabilidad (Rita Raquel Larroca) y la Jefa de Procesamiento Contable (Fabiola Elizabet Barrios) de la Contaduría General de la Provincia, le sugirieron a Herrero que ordene una auditoría contable en el Instituto de Cultura de Corrientes, un órgano autárquico creado por ley no hace más de una década, y que dispone de fondos millonarios para la realización de eventos populares, entre ellos el Festival del Chamamé y el reciente Taragüi Rock, sin que las recaudaciones por la venta de entradas sean rendidas a Rentas Generales.

No para pocos, hace bastante tiempo que las erogaciones se dibujan con la precisión de un arquitecto.

El documento con la firma de aceptación de Gabriel Romero desnuda que la “empresa constructora” amiga cobró más de 130 mil pesos por trabajos que no realizó y hoy es motivo de análisis en la auditoría general llevada adelante por la Contaduría General de la Provincia.- 

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