Las conclusiones elaboradas por las propias Fiscalías Federales del país detalla el particular hecho en la Jurisdicción de la provincia de Corrientes y apunta a las “maniobras” del Juez Federal Soto Dávila y a la de su Secretario Penal Pablo Molina.

Desde que ambos fueron denunciados y están imputados en causas graves de corrupción sobre los mismos delitos que debían investigar, empezaron las maniobras que solo obstruyen, dilatan y retrasan al hartazgo el normal desarrollo de las funciones. 

Los datos fueron revelados en un informe de gestión del año 2016 elaborado por los fiscales de las distintas dependencias del país, informe publicado recientemente por la Procuraduría General de la Nación.

Allí, en el informe sobre las fiscalías federales con asiento en Corrientes, el fiscal federal Flavio Ferrini expuso su necesidad de explicitar que a partir del descubrimiento de un caso de corrupción en el Juzgado Federal N° 1, y por ende la formación de la correspondiente imputación al Juez Carlos Soto Dávila, y al Secretario Penal N° 2, se generó una situación en la cual no solo este juzgado empezó a delegar todas las causas ingresadas, sino que también a disponer y ordenar a la fiscalía, la realización de tareas procesales que no les corresponden (guarda y toma de decisiones respecto a elementos secuestrados, búsqueda de lugares de detención, resolver traslados de detenidos etc.).

Esas situaciones, según el fiscal federal, generan un aumento considerable de litigiosidad con el propio juzgado, todo ello con la clara intencionalidad de colapsar la fiscalía e impedir que se revisen las causas en trámite, por un lado, y por otra parte lleva al juzgado a no realizar los actos que le son propios con la excusa de delegarlos en la fiscalía (no notifica las resoluciones jurisdiccionales, ordena el traslado de presos a la fiscalía para que acá se les notifique resoluciones judiciales etc.).

“Ello lleva a un muy grave deterioro del funcionamiento del sistema de justicia y reviste un caso ya de extrema gravedad institucional” según el informe del fiscal Ferrini.

Acotó que en la práctica también se hace difícil contar con los expedientes en trámite que hay que pedir por escrito y urgir el préstamo. 

A ese caso, denunciado en 2016, se le sumó otro similar que demuestra acabadamente el funcionamiento espurio de la Secretaría Penal N° 2 a cargo de Pablo Molina de dicho juzgado.

Por otra parte, se agrega en el informe, en el marco de la causa denominada PYRAMIS de criminalidad económica llevada ante el Juzgado N°2 se encontró documentación relativa la adquisición de moneda extranjera por el Juez Federal N° 1 Carlos Vicente Soto Dávila, con autorización directa del dueño de la misma y tipo de cambio preferente, lo que motivo la recusación de este magistrado en una causa penal tributaria que se sigue contra dicha firma y que pese a los urgimientos y presentaciones de la fiscalía no se lograba dar correcto trámite.

Fuentes de la justicia federal alegan que las diferencias entre fiscales y el Juzgado N°1 se mantienen actualmente. fuente: momarandu.com

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